Reflexiona el autor sobre la extrema lentitud en la
puesta en marcha de la administración electrónica. Más concretamente, la recepción de facturas
electrónicas, una gran desconocida aún cuando es obligatoria y tiene importantes ventajas, tanto económicas como de
gestión, como medioambientales.

Corría el año 1996 cuando la puesta en marcha de la autoridad de certificación de la FNMT, CERES, daba sus primeros pasos, si bien no fue hasta el año 1999, el 20 de abril, mas concretamente, cuando se emitía el primer certificado de clave pública con la denominación “FNMT Clase 2 CA” para la presentación telemática de declaraciones de IRPF de 1998, que si no recuerdo mal comenzó el 1 de mayo de ese mismo año 1999.

Habrán tenido que pasar 10 años y 3 meses para que un documento electrónico firmado, mucho mas simple que la declaración de la renta, muchísimo mas usado en número de unidades emitidas, con muchas mas entidades involucradas en su emisión y recepción y con un valor añadido, al menos similar, la factura electrónica, tenga el carácter de obligatorio en el sector público.

Un largo tiempo, tal vez no suficientemente bien aprovechado, que en términos tecnológicos es toda una eternidad. Una eternidad aún mayor en tiempo, a la que medió entre la posibilidad de la utilización de medios electrónicos, Informáticos y telemáticos, recogida en la Ley 30/1992 de procedimiento administrativo y la remisión de aquellas primeras declaraciones de la renta firmadas, en realidad el segundo documento electrónico firmado aceptado por una administración, tras su antecesor, las declaraciones de compra venta de valores enviadas a la CNMV, que si bien es poco conocido, fueron los primeros documentos electrónicos firmados que recibió un organismo de la administración pública española.

En este tiempo, se ha pasado desde el desconocimiento absoluto de los mismos conceptos de la firma, sus derivados y su tecnología, a la estandarización de sus formatos, sus políticas de uso, e incluso a la utilización masiva en aplicaciones reales. La extensión del DNI electrónico o los servicios de @firma, que por mi trayectoria profesional me son tan cercanos, son un ejemplo de buen hacer en la colaboración administrativa y en la implantación de soluciones reales de firma electrónica.

La factura electrónica, obviamente firmada, será, a partir del próximo 1 de Agosto de 2009, de obligatoria emisión para aquellos proveedores del sector público que no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. (Disp. final 9ª de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público) y por ende, esto implica que las AAPP afectadas tienen la obligación de tener un servicio de recepción de facturas electrónicas disponible como máximo en dicha fecha.

En realidad, la recepción de facturas cuando el destinatario es el sector público estatal, es ya obligatoria, desde la entrada en vigor de la Orden PRE/2971/2007, de 5 de octubre, sobre la expedición de facturas por medios electrónicos cuando el destinatario de las mismas sea la Administración General del Estado u organismos públicos vinculados o dependientes de aquélla y sobre la presentación ante la Administración General del Estado o sus organismos públicos vinculados o dependientes de facturas expedidas entre particulares, si bien es cierto que dicha norma prevé, en consonancia con las obligaciones del destinatario recogidas en el artículo 17 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1496/2003, de 28 de Noviembre, que el consentimiento expreso se preste por cada departamento ministerial u organismo público, y esté no se a dado a la fecha.

Es más, no solo es obligatoria en estos casos, sino en aquellos en los que la factura se incorpora en el procedimiento administrativo, como por ejemplo en la justificación de ayudas y subvenciones, como recuerda el expositivo de la citada orden ministerial.
Conocido lo anterior, y por las fechas en las que estamos, es difícilmente justificable que solo unos pocos organismos públicos como la Agencia Tributaria, el Ministerio de Industria o el de Fomento, pionero en estas lides, estén a la fecha trabajando para poner estos servicios a tiempo.

A nivel de las CC.AA. es conocido que solo algunas comunidades autónomas como la Valenciana, la de Castilla-La Mancha, la Catalana o la del País Vasco, están a la fecha en proceso de implantación de sistemas de recepción de facturas electrónicas, y que algunas como la Balear, posiblemente porque fueron excesivamente pioneras en sus sistemas, tendrán que hacer importantes adecuaciones para adaptarse a los tiempos.

Desde el punto de vista local, también son contadas las entidades municipales, incluyendo ayuntamientos, diputaciones, cabildos o consejos insulares que están trabajando para la fecha señalada y los servicios previstos por Red.es para la administración local, no están operativos, aunque su plazo de ejecución haya sido rebasado ampliamente.

Aunque otros tipos de servicios TIC, ligados a la también necesaria implantación de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, puedan ser prioritarios, la implantación de la factura electrónica es de gran importancia, no precisamente por la menor o por la mayor necesidad legal de su implantación sino porque según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda y de Industria, Turismo y Comercio, en España se emiten 4.500 millones de facturas al año impresas en 9.000 millones de folios y su coste económico total es de 3,48 euros unidad, lo que supone un monto total superior a 15.000 millones o lo que es lo mismo, un 1,5% del PIB que a finales del 2007 se situó en 1,05 billones de euros.
Estas cifras, tienen también un impacto medioambiental importante, pues esos 9000 millones de folios suponen 44.820 toneladas de papel. Si este papel procede de la tala de árboles será necesario cortar aproximadamente 627.500 árboles de 25 metros de altura y 20 centímetros de diámetro, lo que significa una extensión de terreno de 348 hectáreas, suponiendo una densidad de 1.800 árboles por hectárea, o lo que es lo mismo la extensión de 3 parques como El Retiro de Madrid y este proceso habrá enviado a la atmósfera mas de 134.000 toneladas de CO2 (80.000 toneladas si la pasta procede de papel reciclado).

En el momento económico y de sensibilidad ambiental que nos encontramos, cualquiera de las cifras presentadas, estremecen por sí mismas y un impacto de la magnitud del que debería producirse en las mismas el próximo verano significarían un hondo respiro para las arcas de las administraciones públicas, y de sus proveedores y también para los pulmones de todos los ciudadanos.

1.545 millones de euros, fue el importe del gasto TIC de la Administración del Estado en 2006, según el informe Reina. Es difícil valorar la cuantía media de los diferentes expedientes, pero si partimos de un supuesto de expediente medio de 60.000 euros, facturado en tres hitos, obtenemos que han sido necesarias 77.250 facturas, que con los mismos supuestos anteriores, costaron 214.000 euros a las arcas públicas, casi 60.000 euros a los proveedores y enviaron en el mejor de los casos 693 kilos de CO2 a la atmósfera.
Hay quien pensará, no sin razón, que los datos presentados (todos ellos basados en fuentes oficiales y con elaboración propia) son simple demagogia, pero si tiene una responsabilidad administrativa, esto no debería ser una excusa para demorar la implantación de lo que, por otra parte, es legalmente exigible.

Obviamente, en SERES, la empresa de la e-Factura®, por su dilatada experiencia en el sector privado en el tráfico mercantil de documentos electrónicos seguros, se está apostando de forma significativa por el impulso de estos mismos procesos en las Administraciones Públicas, aportando un expertise que reduce significativamente los costes y lo que es muy importante por fechas, el Time To Market de soluciones de e-Factura®, pero es muy importante que también otros proveedores de servicios y soluciones apuesten de la misma forma por la factura electrónica, porque los proyectos B2B solo tienen éxito cuando ambas partes de la transacción se encuentran satisfechas y por tanto elevan el ratio de utilización de estos servicios, y para la fuerte demanda esperada es necesario que otros proveedores también aporten su oferta.